Como consecuencia de eso, el gobierno del presidente Donald Trump envió un mensaje a las autoridades colombianas de que tenían que revertir esa situación. Más aun, amenazó a Colombia con descertificarla y colocarla en una lista negra de países que no realizan acciones suficientes para prevenir y controlar el tráfico internacional ilícito de drogas.
Más reciente, en enero de este año, el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, se reunió con el presidente colombiano, Iván Duque, para reiterarle que "los Estados Unidos se encuentran profundamente preocupados por el alza en el cultivo de la coca y la producción de cocaína en Colombia desde el 2013".
Por otra parte, el Informe Mundial de Drogas del 2018, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, también señala que desde el 2013, la producción de cocaína viene aumentando de manera paulatina; y de que, en el 2017, alcanzó su más alto nivel histórico.
Según ese informe, el área de siembra de la hoja de la coca aumentó un 17%, entre 2016 y 2017, equivalente a 250 kilómetros cuadrados, para llegar a 1 mil 710 kilómetros cuadrados, lo que aproximadamente correspondería en expansión territorial, a la provincia de Barahona con sus 11 municipios.
Solo ese incremento en el cultivo de la hoja de la coca corresponde a un nivel de producción de 1 mil 379 toneladas métricas de cocaína, lo que representa, en términos de valor monetario, 2 mil 700 millones de dólares.
En razón de que, con un 34%, el mercado norteamericano es el mayor consumidor de cocaína colombiana, es evidente que esa alza tan desmesurada en su producción haya generado notables niveles de preocupación en las altas esferas del gobierno estadounidense.
Sin embargo, de acuerdo con algunos expertos, es posible que el gobierno del presidente Trump haya analizado con simpleza la causa real que provoca esa situación. Para el gobierno norteamericano, la razón fundamental del incremento en la producción de la hoja de la coca viene de la disidencia de una facción dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC).
Aunque ciertamente, esa disidencia existe, la causa más plausible, sin embargo, se desprende del vacío de poder dejado como resultado de la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano.
A eso también se añade la situación de extrema pobreza, la carencia de infraestructuras adecuadas y de transporte, que permita a los productores agrícolas sustituir el cultivo de la hoja de la coca por cultivos lícitos.
Programa de sustitución
El acuerdo de paz suscrito entre las FARC y el gobierno de Colombia se basó en seis aspectos fundamentales: reforma rural integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; acuerdos con las víctimas del conflicto; y mecanismos de implementación y verificación del cumplimiento del acuerdo.
De ese acuerdo de paz surgió el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que es el concepto básico que se emplea en Colombia para definir su política antinarcóticos.
Los objetivos que se propone ese programa de sustitución de cultivos de uso ilícito son, entre otros, primero, el de promover la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, mediante el impulso de planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo, diseñados en forma concertada y con la participación directa de las comunidades involucradas.
Segundo, lograr que el territorio nacional colombiano esté libre de cultivos de uso ilícito, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos y el medio ambiente.
Tercero, fortalecer la presencia institucional del Estado en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito.
Cuarto, el de superar las condiciones de pobreza de las comunidades campesinas, afectadas por los cultivos de uso ilícito, mediante la creación de condiciones de bienestar en los territorios.
Luego de un año de la aplicación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicó un informe que aborda tanto los aciertos como las dificultades del programa.
En ese informe, se advierte que el proceso comenzó lento. Algunas familias campesinas, que ya tenían conocimiento, antes de la aplicación del plan de que habría un subsidio de 320 dólares mensuales, empezaron a producir mayor volumen de la hoja de la coca, a los fines de no ser excluidos del programa.
Esa sería, tal vez, una de las causas por las cuales los cultivos de la coca se triplicaron entre los años 2012-2016, al pasar de 480 a 1 mil 460 kilómetros cuadrados, aumentando, aún más, como hemos dicho, en el 2017, al llegar al más alto nivel registrado, de 1 mil 700 kilómetros cuadrados.
Entre las metas del gobierno estaba el de reducir 500 kilómetros cuadrados por vía de la erradicación forzada; y otros 500 kilómetros cuadrados por sustitución voluntaria de los cultivos.
El gobierno empezó a suscribir contratos con miles de productores de la coca, pero el plan no ha podido ser enteramente eficaz debido a la existencia, todavía, de grupos armados en la zona, vinculados al tráfico internacional ilícito de drogas, que amenazan a los productores con asesinarles si proceden a la sustitución de sus cultivos. Ha habido un aumento de un 11% en homicidios a campesinos productores; y el año pasado, 2018, 226 líderes sociales, partidarios de la sustitución de cultivos, fueron asesinados.
A pesar de todo, sin embargo, el mecanismo de sustitución de cultivos ha sido, en la práctica, más efectiva que la erradicación forzosa.
Hasta ahora, 328 kilómetros cuadrados han sido erradicados del cultivo de la coca, mediante el mecanismo de sustitución de cultivos.
En el ojo del huracán
En su memoria del 2016, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) coincide con los argumentos que hemos planteado.
En ese informe, el máximo organismo de control de drogas de la República Dominicana, afirma que para el 2016, debido a una disminución de la erradicación de los cultivos de la hoja de coca en Colombia, el tráfico de cocaína se incrementó en toda la región de las Américas.
Sin embargo, en el mismo informe, la DNCD sostiene que en "la República Dominicana, hubo una reducción del flujo en comparación con años anteriores... debido al riesgo que existe para la introducción de drogas por parte de los narcotraficantes por la vía marítima".
La DNCD fundamenta esa argumentación "en gran parte a la buena articulación de las capacidades nacionales de las Fuerzas Armadas mediante la ejecución del protocolo de interoperabilidad entre el Ministerio de Defensa y la DNCD, conjuntamente con el apoyo de la Policía Nacional, los departamentos de seguridad del Estado y otras instituciones nacionales e internacionales que colaboran en esta lucha a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas".
Sin dejar de reconocer los nobles esfuerzos que realizan nuestros equipos de seguridad nacional, es necesario resaltar, sin embargo, que esas afirmaciones entran en contradicción con la preocupación de las autoridades norteamericanas, con respecto al incremento del flujo de cocaína hacia Estados Unidos, procedente de Colombia.
No resulta convincente que, en Colombia haya habido un incremento de la producción, en los Estados Unidos un aumento del consumo; y que en la República Dominicana, país trampolín de las drogas, haya habido, por el contrario, una disminución.
De alguna manera, esa contradicción queda corregida en las memorias de la propia DNCD en el 2017, en las que afirma: "El presente año marca un hito en materia de decomisos de drogas, al registrarse las más altas cifras de drogas y sustancias ilícitas decomisadas por las autoridades en la República Dominicana en toda su historia". Obviamente, si hubo el mayor decomiso de cocaína en la historia de la República Dominicana, es porque tal como afirma el informe de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de los Estados Unidos y el Mundial de Drogas de Naciones Unidas, ese fue el año en que se produjo el mayor nivel de producción y tráfico de estupefacientes en la historia.
Como manera de enfrentar esa situación, el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, en su encuentro con el presidente colombiano Iván Duque, a principios de este año, afirmó que ambos países continuarán trabajando juntos para alcanzar los objetivos conjuntos de reducir el cultivo de la coca y la producción de cocaína en un 50% para el 2023.
Si eso llegase a ocurrir, no cabe dudas que la República Dominicana, que se encuentra en el ojo del huracán, será una gran beneficiaria.
Menos droga circulará por nuestro país, tanto la que está en tránsito como la que permanece en nuestro territorio. Por lo tanto, disminuirán significativamente los puestos de distribución en los barrios y los municipios.
Es importante que la DNCD siga con interés lo que ocurre en el mercado internacional de tráfico ilícito de drogas, pues lo que acontezca en ese plano tendrá un efecto determinante sobre el porvenir de la República Dominicana.
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El canciller dominicano, Miguel Vargas, reveló que el día 20 de febrero sostuvo una conversación vía WhatsApp con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a iniciativa de ella, en la cual le expresaba su preocupación por las informaciones que se estaban manejando sobre la llegada de fuerzas especiales desde los Estados Unidos a República Dominicana para ser usadas supuestamente en contra de Venezuela.
